Nueva regulación de criptomonedas se acerca por parte del Parlamento Europeo



El Parlamento Europeo, también conocido como la Eurocámara, publicó la semana pasada un reporte sobre la resolución legislativa propuesta por el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios, el cual tiene la finalidad de prevenir el lavado de dinero y actividades terroristas mediante el uso de los sistemas financieros, entre los cuales entran las criptomonedas.
El reporte publicado el nueve de marzo expone la necesidad de actualizar el marco legal ya existente sobre recaudación de capital o propiedades para actividades ilegales como el terrorismo y la venta de drogas; actualización que ayudaría a que las normativas puedan alcanzar y regular los nuevos sistemas de pago y tecnologías financieras, tales como las monedas virtuales.
El Parlamento Europeo se expresa sobre este tema de la siguiente manera:
Los recientes ataques terroristas han puesto de manifiesto nuevas tendencias emergentes, en particular en lo que respecta a la forma en que los grupos terroristas financian y llevan a cabo sus operaciones. Algunos servicios tecnológicos modernos son cada vez más populares como sistemas financieros alternativos y quedan fuera del ámbito de aplicación de la legislación de la Unión o se benefician de exenciones que ya no pueden justificarse.




El objetivo principal de este proyecto legislativo, afirma el documento, es ayudar a que las transacciones financieras, incluyendo los nuevos métodos de pago como las criptomonedas, y las entidades corporativas, entre las que se encuentras las casas de cambio del ecosistema; sean más efectivas y transparentes, esto con la meta última de que las organizaciones criminales y el terrorismo no realicen actividades o financiamientos en conjunto, situación que han reportado con preocupación la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Interpol y Europol en los últimos años.
Asimismo el proyecto de ley no se enfocará únicamente en las actividades terroristas, sino que también estará dirigido al lavado de dinero que beneficia la venta de petróleo y gas de forma ilegal; drogas,  animales en peligro de extinción, obras de arte o cualquier tipo de evasión de impuestos.
Sobre estas medidas  ya la Comisión Europea había alertado sobre la peligrosidad de no poseer un marco legal que abarcase los diferentes tipos de sistemas financieros que hay en la actualidad, incluyendo entre ellos la tecnología blockchain. Esta iniciativa parlamentaria está en concordancia con lo expuesto por el brazo ejecutivo de la Unión Europea, planteando que la principal problemática con los nuevos sistemas de pagos virtuales y las monedas digitales es su situación de pseudo-anonimato en cuanto a la identidad de sus usuarios y la procedencia de los fondos; razón por la cual ha llegado a proponerse registrar a todos los usuarios Bitcoin de Europa. De igual manera también consideran una falla que los proveedores de estos servicios de pagos y casas de cambio no estén obligados a identificar actividades sospechosas, panorama que ayuda a los delincuentes a encubrir sus ilegalidades.

El parlamento propone que las autoridades competentes deben monitorear y recopilar información sobre el uso de monedas virtuales para proveer un acercamiento legal que ayude regularlas sin retrasar el desarrollo y la transparencia que brindan los servicios financieros alternativos y los emprendimientos sociales, como es el caso de la tecnología blockchain que podría ahorrar al sector financiero alrededor de 25 billones de dólares, según un estudio de Bain & Company.
En consonancia con esta medida el órgano regulador también considera que las Unidades de Inteligencia Financiera (FIUs) deberían estar asociadas a las monedas digitales, así como tratar que los usuarios de las criptomonedas posean una identidad verificable. El Parlamento Europeo no descarta la idea de que para la regulación y monitoreo de la identidad, transacciones e información confidencial de estos sistemas financieros se pueda crear una autoridad designada exclusivamente a esta actividad.
Aseguran, asimismo, que se buscará la recopilación de la mínima información sobre datos naturales o legales de los usuarios requeridos para las investigaciones contra el lavado de dinero, con el fin de preservar la privacidad de los individuos. La información recopilada por las autoridades será compartida entre todas las entidades encargadas de la lucha contra el lavado de dinero y las actividades delictivas, así como también será suministrada a las fuerzas de la ley. De igual manera, el reporte incentiva a la comunicación entre entidades financieras sobre transacciones sospechosas realizadas por alguno de sus usuarios.
Se propone, a su vez, que cada uno de los países miembros de la Unión Europea establezca un rango y listado de riesgo de terceras naciones que podrían estar relacionadas a actividades ilegales o terrorismo, condición que podría afectar la participación de dichos países en el mercado europeo. Esto se podría traducir a condiciones de pasaporte, identificación o permiso de acceso para comercializar en Europa. No obstante, la Unión Europea también se compromete a ayudar a estas naciones de alto riesgo a combatir en su territorio el crimen organizado y las relaciones terroristas.
En la eurozona se comenzaron a discutir leyes más estrictas para las monedas digitales desde el año pasado. Ya para este 2017 las preocupaciones han estado focalizadas en la creación de un compendio de leyes que evite el uso de las criptomonedas, y otro tipo de sistemas financieros digitales, para actividades criminales, sin que dichas regulaciones vayan en contra de la naturaleza de estas tecnologías y atrasen sus avances, ya que algo que caracteriza a la Unión Europea es su interés en desarrollar la blockchain, así como impulsar variados proyectos con tecnologías emergentes.
Por otro lado, organizaciones y entes gubernamentales en distintas partes del mundo también se han comprometido a desligar a las criptomonedas del mercado negro, con iniciativas como la de Chainalysis, que busca evitar el financiamiento del tráfico humano por medio de las criptomonedas; y la creación de un sistema policial que rastrea transacciones sospechosas en criptomonedas, recientemente anunciada por la policía de Dinamarca.

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